Más de 185.000 profesores y auxiliares empleados en la educación básica y en la formación profesional y técnica del sector público recibirán un subsidio educativo de S 400, según un decreto emitido por el Ministerio de Educación. Esta recompensa económica se ofrece como apoyo para cubrir los gastos ocasionados durante el año escolar.
El Estado peruano sigue concediendo una serie de ayudas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, y Bono Escolaridad es ahora una de ellas. Se destina una subvención única de 400 soles a los trabajadores del sector público con hijos en edad escolar para ayudarles a pagar su educación.
El Ministro de Educación explicó que esta prestación económica se recibirá en junio. La distribución de 400 soles a otros tantos profesores requerirá una inversión de más de 75 millones de soles por parte del gobierno a través del Minedu.
CONDICIONES PARA ACCEDER AL PROGRAMA BONO ESCOLARIDAD:
Los requisitos básicos para participar en el programa Bono Escolaridad 2022 son los siguientes:
– Debe ser comisionado el 31 de mayo de este año.
– Estar de baja laboral o recibir prestaciones de la Ley de Modernización de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social.
– Estar en servicio durante al menos tres meses.
– Trabaja más de 30 horas a la semana o sólo se te pagará el prorrateo.
¿QUIÉN RECIBE UNA PRIMA POR APOYO EDUCATIVO?
– Personal docente universitario según el Decreto Legislativo nº 30220.
– Personal médico según el Decreto Legislativo nº 1153.
– Empleados permanentes y temporales del sector público.
– Personal de las fuerzas armadas.
– Personal de la Policía Nacional del Perú.
– Los trabajadores jubilados del sector público comprendidos en las disposiciones de la Ley Nº 15117, los Decretos Legislativos Nº 19846 y 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091.
– Los empleados del sector público sujetos a la regulación del empleo privado también reciben un subsidio de formación.
– Empleados de instituciones penitenciarias.
– Asistentes educativos desplegados y empleados en centros educativos públicos.
– Jueces de la judicatura y de la fiscalía.
– Jueces fuera del poder judicial.
– Fiscales temporales que no siguen la carrera fiscal, según Andina.
